El Gobierno de Honduras publicó este lunes un decreto legislativo que da vigencia a un estado de excepción parcial, ordenado por la presidenta Xiomara Castro, para controlar las pandillas tras el repunte de delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.
El estado de excepción es específicamente para 89 (ochenta y nueve) barrios y colonias de Tegucigalpa y 73 (setenta y tres) de San Pedro Sula, las cuales son las principales ciudades del país y en las que más delitos se registran por la acción de las pandillas, especialmente por la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18. Dicha medida estará en vigencia durante un mes.
El decreto de excepción entró en vigencia de forma inmediata y rige hasta el 6 de enero de 2023, tras ser publicado el lunes en el Diario Oficial La Gaceta. A su término, el Congreso Nacional podrá modificarlo y ampliarlo.
El decreto incluye en sus argumentos: “la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas”.
Con estas medidas, el país busca fortalecer su estrategia de seguridad, tras el repunte en el cobro de extorsión en el sector transporte y en negocios por parte de las pandillas mencionadas y otras estructuras criminales, así como el incremento en la tasa de homicidios y secuestros.
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