#CostaRica 🇨🇷 #BDSAlertaLaboral ⚠️ Implicaciones laborales del COVID-19 para el sector público

1. Aspectos Generales.
   En tiempos de crisis sanitaria derivada de la pandemia por el virus COVID-19, el Estado Social y Democrático de Derecho es el primer llamado a velar por la salud pública, la seguridad, y el mayor nivel de bienestar posible de forma equitativa para todos los habitantes de la Nación. Hemos visto el papel protagónico que han asumido instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social y los respectivos centros de salud, Ministerio de Salud, Correos de Costa Rica, Fábrica Nacional de Licores, Comisión Nacional de Emergencias, entre otras; las cuales deben procurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos.
2. Diferencias entre sector público y sector privado de cara a la crisis.
   Bajo este contexto, desde la Asamblea Legislativa se han aprobado medidas como la reducción de jornadas para preservar el empleo, posibles subsidios y moratorias a impuestos, en aras de alivianar el impacto en las empresas de la crisis mencionada. Ahora bien, estas medidas legislativas, dispuestas para el sector privado, no necesariamente se justificarían en el sector público, dado que para implementarlas requerirían de una legislación especial que considere los distintos regímenes de empleo existentes. Además, el incremento en las necesidades de la población, más bien ha significado en muchos de los casos, una importante carga laboral para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
3. Medidas a considerar para el sector público.
   Con base en las órdenes y lineamientos que ha emitido el Ministerio de Salud, las instituciones públicas deben valorar una serie de medidas que permitan mantener la operación sin afectar la prestación del servicio público:

• Aplicar teletrabajo a todos aquellos puestos y actividades que sean teletrabajables, por lo que es recomendable con un diagnóstico de los puestos teletrabajables, reglamento interno de teletrabajo, contrato de Teletrabajo así como adenda al contrato de trabajo o acción de personal, considerando la Ley de Teletrabajo.

• Regulación de los insumos, servicios y medios tecnológicos necesarios para el teletrabajo (computadora, teléfono celular, computadora, uso de aplicaciones y software institucional, confidencialidad de la información, servicios públicos de telecomunicaciones, electricidad, entre otros).

• Mecanismos de fiscalización y evaluación del desempeño. 

Adicionalmente, dado el evidente incremento en las necesidades de servicios públicos esenciales, en muchos casos, lejos de disminuir labores, deben aumentarse e intensificarse. Por ello, resulta vital la correcta regulación y gestión de rubros como jornada extraordinaria, pluses de disponibilidad, peligrosidad y similares.

Por último, es fundamental señalar que en todo momento se deberá tener presente los lineamientos y directrices que emitan las autoridades gubernamentales, esto con el fin de identificar su posible impacto en la actividad y servicio a cargo de las respectivas instituciones públicas.

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