Recientemente, fue promulgada la Ley N.° 10 971, Ley de Responsabilidad Laboral de los Contratistas con el Estado, que reforma la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986, con el propósito de reforzar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en la contratación pública.
La actual reforma modifica el inciso f del artículo 14 para incorporar expresamente las obligaciones relacionadas con el pago de salarios y demás derechos laborales, las cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y FODESAF, las pólizas de riesgos del trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) y los impuestos nacionales. Esto será de aplicación tanto para entes de derecho público internacional como para organismos internacionales.
Por su parte, la modificación del artículo 119, en su inciso r, incorpora el incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social mencionadas como causal de sanción. Esto comprende, entre otros aspectos, el pago de salarios y aguinaldos, el cumplimiento de las disposiciones sobre jornada laboral y el pago de las contribuciones correspondientes a la CCSS, el INA, FODESAF y el IMAS.
Adicionalmente, de acuerdo con la reforma del párrafo final del artículo 119, las disposiciones indicadas tendrán consecuencias directas sobre la contratación pública tales como la exclusión de una oferta y la resolución de un contrato en ejecución, en caso de constatarse incumplimientos en la fase de ejecución.
La ley fue publicada en el Alcance N.° 136 a La Gaceta N.° 190, del jueves 8 de octubre de 2026 y entró en vigor con su publicación. No obstante, en su transitorio, se establece un plazo de seis meses para que las instituciones correspondientes realicen los ajustes informáticos y operativos necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social en los procedimientos de contratación pública. Este plazo no pospone la entrada en vigor de las obligaciones legales.
Desde nuestra firma, recomendamos a las empresas proveedoras del Estado verificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social para adecuarse a estas nuevas disposiciones.
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