#ElSalvador 🇸🇻 #BDS_AlertaLaboral: Se analiza posibilidad de decretar asueto nacional por afectación causada por temporal
En las últimas horas, se ha informado que el presidente de la República, señor Nayib Bukele, ha...
El Gobierno de Costa Rica ha decretado asueto para todas las oficinas e instituciones públicas, con motivo del Traspaso de Poderes, acto oficial que se celebrará el próximo viernes 8 de mayo de 2026, en el Estadio Nacional.
La medida se anunció mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45680-MGP, publicado en el Alcance N.° 38 a La Gaceta N.° 69 del jueves 16 de abril de 2026, en el cual se declara de interés público esta actividad, en línea con lo dispuesto previamente por el Decreto Ejecutivo N.° 45460-RE del 5 de enero de 2026.
El fundamento legal de esta disposición se encuentra en el artículo 136 de la Constitución Política, que establece que el Presidente y los Vicepresidentes de la República toman posesión de sus cargos el 8 de mayo, fecha en la que también cesa el período constitucional anterior.
El decreto dispone que:
- Se concede asueto a las oficinas y establecimientos públicos el día 8 de mayo para facilitar la participación ciudadana en la actividad, la movilización institucional y el desarrollo de los actos oficiales.
- Los jerarcas institucionales deben garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
- Se establecen excepciones obligatorias para servicios críticos, incluyendo:
- Atención médica y de emergencias de la CCSS
- Cuerpos policiales
- Policía de Tránsito
- Determinadas funciones del Ministerio de Salud
- Se insta a las instituciones descentralizadas a coordinar las medidas correspondientes conforme a su autonomía administrativa.
Consideraciones para el sector privado
Desde una perspectiva laboral, es relevante tener presente que este asueto aplica exclusivamente al sector público, por lo que el sector privado no se encuentra obligado a suspender labores.
No obstante, se recomienda a las organizaciones privadas valorar eventuales impactos operativos, especialmente en materia de movilidad, logística y prestación de servicios, derivados de la actividad gubernamental.
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