#Nicaragua 🇳🇮 #APriori_Artículo: El beneficiario final en Nicaragua

El beneficiario final se refiere a la persona natural que ejerce control efectivo o posee directa o indirectamente una participación significativa en una entidad jurídica. En Nicaragua, esta figura está regulada por la Ley No. 1035, Ley de Reforma a la Ley No. 698, Ley General de los Registros Públicos y otras normativas complementarias, aprobada el 25 de agosto de 2020. La legislación establece que todas las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Mercantil deben identificar y registrar a su beneficiario final.

El objetivo principal de esta normativa es alinear al país con los estándares internacionales establecidos por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), permitiendo una mayor transparencia en las estructuras societarias y combatiendo actividades ilícitas.

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el registro del beneficiario final acarrea diversas sanciones contempladas en la normativa vigente, entre las que destacan:

1. Multas administrativas

Las sociedades que no presenten la información requerida pueden ser sancionadas con multas que varían según la gravedad del incumplimiento y el tiempo de retraso en el registro.

2. Suspensión temporal de operaciones

La ley permite suspender las actividades comerciales de las empresas que no cumplan con esta obligación dentro de los plazos establecidos.

En casos de incumplimiento reiterado, las licencias comerciales pueden ser revocadas, afectando la capacidad de la sociedad para operar en el país.

Si el incumplimiento está vinculado a delitos como lavado de activos o financiamiento al terrorismo, los responsables pueden enfrentar sanciones penales, que incluyen procesos judiciales y penas privativas de libertad.

Repercusiones jurídicas y económicas

La obligación de registrar al beneficiario final genera diversas repercusiones:

• En el ámbito jurídico: Fortalece la transparencia y fomenta el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales. Además, permite a las autoridades tener un mayor control sobre las entidades comerciales y sus propietarios.

• En el ámbito económico: Puede incrementar los costos operativos para las empresas al requerir auditorías internas y procesos adicionales para identificar a los beneficiarios finales; sin embargo, este costo se compensa con la confianza que genera un sistema más transparente.

• En el ámbito social: Refuerza la percepción de que las instituciones estatales están comprometidas con la prevención del crimen organizado y la corrupción.

Novedades y actualizaciones

En julio de 2023, se introdujeron reformas al marco normativo que regulan el registro de beneficiarios finales, con los siguientes cambios destacados:

1. Plazos reducidos: las nuevas sociedades cuentan ahora con un plazo de 15 días desde su inscripción para registrar al beneficiario final, en lugar de los 30 días establecidos anteriormente.
2. Residencia obligatoria: la persona encargada de realizar el registro debe residir en Nicaragua, lo que busca garantizar un control más efectivo de las operaciones locales.
3. Auditorías y verificación: se han implementado auditorías obligatorias para asegurar la veracidad de la información registrada, fortaleciendo el sistema de supervisión.

Desde un enfoque jurídico, la figura del beneficiario final representa un avance significativo en la lucha contra los delitos financieros y la corrupción en Nicaragua. No obstante, el éxito de estas medidas depende del compromiso de las empresas en cumplir con las obligaciones legales y de la capacidad del Estado para hacer cumplir la normativa. Las reformas recientes muestran un esfuerzo por adaptarse a los estándares internacionales y garantizar un sistema más robusto y transparente.

El registro del beneficiario final no solo promueve el cumplimiento de la ley, sino que también fortalece la confianza en el mercado y en las instituciones del país.