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En la práctica laboral hondureña, se ha vuelto cada vez más común que trabajadores presenten incapacidades médicas emitidas por médicos privados como justificación de sus ausencias laborales. Sin embargo, se ha identificado un patrón de abuso en el que estas incapacidades se adquieren sin un diagnóstico médico real, e incluso se presentan con diagnósticos distintos, con el fin de burlar los controles y obligaciones patronales.
El Reglamento de Incapacidades Temporales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aprobado en el 2020, regula que durante los primeros tres (3) días de incapacidad temporal el patrono está obligado a pagar el salario en su totalidad y que, a partir del cuarto día, el trabajador tiene derecho a percibir el subsidio del seguro social, sujeto al techo de cotización correspondiente.
Cuando una nueva incapacidad se presenta por el mismo diagnóstico dentro de un período de 30 días, el patrono puede solicitar que el trabajador acuda al IHSS, el cual puede refrendar la continuidad del reposo médico. No obstante, si la nueva incapacidad es presentada con un diagnóstico distinto, aún dentro de ese mismo período, el patrono queda obligado nuevamente a cubrir los primeros 3 días, generando así una carga económica reiterada y favoreciendo prácticas de simulación o rotación de diagnósticos para evadir la validación del IHSS.
Esta deficiente regulación, lejos de proteger al trabajador verdaderamente incapacitado, fomenta una distorsión del sistema. Las empresas se ven afectadas en su operatividad y costos laborales, sin contar con mecanismos normativos claros para verificar o rechazar constancias médicas privadas que no provienen del sistema público.
En conclusión, si bien la normativa hondureña contempla un esquema de cobertura para las incapacidades temporales, su diseño actual ha dado paso a malas prácticas y abusos en el uso de incapacidades médicas privadas, particularmente mediante la emisión de constancias con diagnósticos diversos en lapsos cortos.
Urge una reforma o aclaración normativa que permita al empleador contar con herramientas objetivas de verificación, impida el uso fraudulento de este beneficio y garantice que las incapacidades respondan a verdaderas condiciones de salud del trabajador
Marielos Acosta
Abogada, BDS Asesores Honduras
