#Honduras 🇭🇳 #BDS_AlertaLaboral: Actualización de la escala progresiva de salarios del ISR para este 2023
El Servicio de Administración de Renta (SAR) informó que, de acuerdo con el monto exento del ISR...
Con 64 votos a favor, los diputados han aprobado, recientemente, enmiendas a la Ley Crecer Juntos, con las que se introduce una modalidad que permitirá a los patronos proporcionar una suma de dinero a los empleados con hijos (de los primeros meses de vida hasta los cuatro años), destinada a cubrir los servicios de un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI).
Con estas reformas, los padres tendrán la libertad de seleccionar el centro que mejor se adapte a sus necesidades para el cuidado de sus hijos, sin la obligación de que dicho centro esté ubicado dentro de la institución o tenga un acuerdo con la empresa.
La normativa actual, establecida en el artículo 137, contempla únicamente tres alternativas en relación con los espacios de estimulación y educación inicial para la niñez: que los patronos instalen y mantengan CAPIS en un lugar independiente, dentro del mismo municipio donde se ubique el lugar de trabajo; la instalación y mantenimiento de centros comunes costeados por varios patronos en el mismo municipio; y la contratación de servicios independientes, ofrecidos por un CAPI debidamente autorizado, ubicado en la misma área geográfica del centro de trabajo.
El dictamen favorable para realizar cambios en la ley fue emitido por la Comisión de Familia, la cual, como parte del análisis de la iniciativa, tomó en cuenta la opinión técnica de funcionarias del Instituto Crecer Juntos y del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA).
Las delegadas explicaron que la nueva modalidad para el CAPI permitirá a los padres elegir la opción que mejor se adapte para el aprendizaje y desarrollo de sus hijos. Además, esta modalidad complementará las tres existentes, al asegurar el cumplimiento de la obligación patronal y estatal.
Al incluir una cuarta opción –según las expertas–, se garantizará una verdadera acción integral, en una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad, lo cual permitirá avanzar en una cobertura de calidad en la atención a la primera infancia de nuestro país.
