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#Panamá 🇨🇷 #APriori_Informa: Se amplían los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad: nuevas obligaciones para las empresas a partir de mayo de 2027

Escrito por A Priori | Nov 12, 2026, 1:03:26 AM

El 2 de noviembre de 2026 se promulgó la Ley 562, que modifica y adiciona disposiciones a la Ley 6 de 1987, relativa a los beneficios otorgados a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La reforma amplía y actualiza los beneficios económicos aplicables a este grupo de personas e introduce obligaciones adicionales para las empresas y establecimientos que ofrecen bienes y servicios sujetos a descuentos. En consecuencia, las organizaciones deberán revisar sus políticas comerciales, mecanismos de aplicación de descuentos y procedimientos de atención al público antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.

1. ¿Quiénes pueden acceder a los beneficios?

La Ley 562 contempla como beneficiarios:

  • Panameños: personas jubiladas o pensionadas, así como mujeres a partir de los 55 años y hombres a partir de los 60 años.
  • Extranjeros con residencia permanente en Panamá: mujeres a partir de los 57 años y hombres a partir de los 62 años.

Por tanto, los beneficios no se limitan exclusivamente a quienes reciben una jubilación o pensión, sino que también alcanzan a personas que cumplen los requisitos de edad establecidos en la ley.

2. Principales beneficios y descuentos

La reforma contempla descuentos y concesiones en una amplia variedad de bienes y servicios. Entre los más relevantes, se encuentran:

Entretenimiento, transporte y hospedaje

  • 50% de descuento en entradas a actividades recreativas y de entretenimiento, con las excepciones previstas en la ley.
  • 30% en transporte público interurbano, trenes, barcos y otros medios contemplados.
  • 25% en pasajes aéreos.
  • 50% en hoteles, moteles y pensiones de lunes a jueves, y 30% de viernes a domingo.

Alimentación y medicamentos

  • 25% en el consumo individual en restaurantes y franquicias, con excepción de las fondas.
  • 20% en medicamentos que requieran receta médica, cuando esta se encuentre emitida a nombre del beneficiario.

Servicios médicos y de salud

  • 25% en consultas médicas generales, especializadas y quirúrgicas.
  • 15% en servicios odontológicos y de optometría u oftalmología.
  • 20% en pruebas de laboratorio.
  • 30% en servicios de radiología.
  • 30% en determinados procedimientos, intervenciones, terapias, medicamentos oncológicos e insumos vinculados al tratamiento del cáncer.

Servicios financieros y vivienda

  • 50% en gastos de cierre y comisiones de préstamos personales y comerciales.
  • 15% de descuento sobre la tasa máxima de interés permitida por ley para préstamos personales y comerciales.
  • 1% de descuento en la tasa de interés de préstamos hipotecarios destinados a vivienda propia, sujeto a las condiciones y exclusiones establecidas en la ley.
  • Beneficios relacionados con el impuesto de inmueble y la exoneración de determinados gravámenes, cuando se cumplan los requisitos legales.

Servicios públicos, telecomunicaciones y otros

  • 25% en la factura de electricidad, hasta un consumo de 600 kWh.
  • 25% en la tarifa de agua, bajo el límite y condiciones previstos en la ley.
  • 20% en servicios de internet y televisión por cable, sujetos a límites de contratación.
  • 20% en determinados servicios de telefonía fija y móvil.
  • 50% en el costo del pasaporte y en la tasa aeroportuaria.
  • 20% en el servicio de recolección de basura, cuando se cumplan las condiciones legales.

La ley también incorpora beneficios relacionados con equipos de asistencia y movilidad, adaptaciones básicas de viviendas, servicios funerarios y determinados insumos médicos, entre otros.

Importante: varios de estos beneficios están sujetos a condiciones específicas, tales como límites de consumo o contratación, que el servicio esté registrado a nombre del beneficiario, que corresponda a su residencia principal o que exista una prescripción médica. Por ello, no todos los descuentos se aplican de manera automática o sin restricciones.

3. Nuevas obligaciones para las empresas y establecimientos comerciales

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que no se limita a ampliar los beneficios de los beneficiarios, sino que también establece obligaciones concretas para quienes comercializan bienes o prestan servicios.

a. Transparencia en precios promocionales

b. Exhibición visible de los descuentos

c. Atención prioritaria en servicios públicos

4. Fiscalización y sanciones por incumplimiento

La Ley 562 atribuye a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) la responsabilidad de atender las denuncias y supervisar el cumplimiento de los beneficios establecidos.

Las personas naturales o jurídicas que se nieguen a reconocer los descuentos o beneficios previstos en la ley podrán ser sancionadas con multas de B/.50.00 a B/.5,000.00.

5. Tratamiento tributario de los descuentos

La reforma establece que los descuentos y concesiones otorgados podrán ser deducidos del impuesto sobre la renta del contribuyente que los conceda, al momento de presentar su declaración de renta.

Esta disposición constituye un elemento relevante para las empresas, que deberán considerar el tratamiento correspondiente en sus registros y procesos contables y tributarios.

6. ¿Cuándo entra en vigor la reforma?

La Ley 562 fue promulgada el 2 de noviembre de 2026 y establece que entrará en vigor seis meses después de su promulgación.

Por consiguiente, su entrada en vigor está prevista para el 2 de mayo de 2027.

Esto brinda a las empresas un período para revisar sus procedimientos internos y realizar los ajustes necesarios antes de que las nuevas disposiciones sean exigibles.

La Ley 562 representa una actualización importante del régimen de protección económica de los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá. Para el sector empresarial, su impacto va más allá de la aplicación de descuentos: implica revisar políticas de precios, prácticas comerciales, atención al consumidor y controles internos.

Aunque la entrada en vigor está prevista para mayo de 2027, recomendamos iniciar desde ahora la revisión de los procedimientos internos, especialmente en aquellas empresas que operan en sectores como comercio, servicios, transporte, hospedaje, alimentación, salud, telecomunicaciones y servicios financieros.

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