Comparecencia de apoderados de personas jurídicas en traspasos de bienes muebles
La Dirección del Registro de Bienes Muebles del Registro Nacional, publicó el pasado mes de julio...
En el mes de enero de 2023, en la sesión plenaria número 92, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley de Compras Públicas”, la cual fue avalada por los diputados de la Asamblea Legislativa con 66 votos.
En un total de 193 artículos se exponen las normas que regularán las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, cuando intervengan las instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines, así como los procesos que en la misma ley se enuncian.
El objetivo principal de esta ley es reducir la burocracia en los procesos de compras y adquisiciones hechas por el Estado. Su entrada en vigor será ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
En relación con los aspectos a considerar, como primer punto tenemos que, por medio de este cuerpo normativo, se busca reestructurar y establecer nuevas disposiciones para el régimen de la contratación administrativa, así como implementar el uso de tecnologías de la información y la comunicación para viabilizar la gestión operativa de las compras gubernamentales, así como herramientas que permitan establecer medidas de control y auditoría.
Consecuentemente, esto reducirá precisamente la burocracia, tal y como lo prevé el artículo 30 de la presente ley. Por otro lado, se incorporan los procedimientos especiales de selección de contratista, entre los cuales debemos mencionar: las compras en línea, catálogo electrónico derivado de convenio marco y la subasta electrónica inversa.
Como novedad, podemos mencionar también la creación del Sistema Nacional de Compras Públicas, (SINAC), integrado por la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), y el resto de las unidades establecidas en el artículo 6 de la misma ley, entre estas la Unidad de Compras Institucionales (UCP), que sustituirá a la UACI, según el artículo 8 del nuevo cuerpo normativo.
Como respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) habrá accesibilidad al mercado de compras públicas. Con esta normativa, se incentiva la participación de las mipymes en los procesos de compras públicas, en casos como la obligación de adquirir o contratar al menos un 25% a estas empresas y facilitarles el acceso a las oportunidades de negocio con el Estado.
Asimismo, se procurará contratar con empresas nacionales, regionales y locales donde se realicen estas contrataciones y adquisiciones; por otro lado, se procurará que al menos un 10% del presupuesto destinado para estos fines, sea con empresas que sus propietarias, mayoría accionaria o representación legal, sean mujeres.
Además, se vuelve obligatoria la certificación antisoborno y oficial de cumplimiento para las instituciones públicas; con esto, se permitirá que las instituciones tengan mecanismos para prevenir, detectar y dar respuesta a posibles conductas de soborno. Esta certificación tendrá credibilidad internacional, ya que fue planteada y formulada por 38 países que velaron por el tema de calidad de estos mecanismos. Actualmente, estas prácticas ya se implementan con éxito en instituciones públicas y privadas a nivel internacional.
